AI pide se investigue el asesinato de Brad Will

El 27 de octubre de 2006, el reportero videográfico estadounidense Brad Will murió por disparos en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, cuando filmaba un enfrentamiento entre los integrantes de un movimiento local de protesta (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y simpatizantes y agentes del partido local en el poder.

Transcurridos tres años, Amnistía Internacional cree que todavía no ha salido a la luz la verdad sobre la muerte de Brad Will. Juan Manuel Martínez, simpatizante del APPO, lleva recluido en espera de juicio desde octubre de 2008 por el asesinato del reportero. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las pruebas que pesan contra él no tienen fundamento y que lo están usando como chivo expiatorio.

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México pasa por alto la ciencia forense en la investigación de la muerte del periodista Estadounidense.

Investigación defectuosa de la fiscalía pudo haber resultado en una detención errónea y la posibilidad de que el asesino verdadero sigue libre.

(Cambridge, Mass.) – Expertos forenses de Physicians for Human Rights (PHR) reafirman que la Procuraduría General de la Republica (PGR) ha pasado por alto la evidencia científica disponible en la muerte por arma de fuego del periodista estadounidense Brad Will, ocurrida en el año 2006. La revisión de la evidencia disponible llevada a cabo por PHR socava la teoría de la PGR de que el disparo fatal fue realizado desde las inmediaciones del periodista. Por lo tanto, PHR está preocupado por la posibilidad de que permanezca en prisión la
persona equivocada, acusada de homicidio, mientras que el verdadero asesino sigue en libertad.

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Hace un año que Juan Manuel Martínez Moreno está preso acusado del homicidio de Bradley Roland Will, sin que a la fecha pueda probarse su culpabilidad pues ningún testigo refiere haberlo visto en el lugar de los hechos, ni hay ningún señalamiento en su contra.

Ratificamos, Juan Manuel es INOCENTE.

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FOLLETO Un año más de impunidad

• SE RECONOCE LA RESPONSABILIDAD PLENA DEL GOBERNADOR ULISES RUIZ ORTIZ EN LAS VIOLACIONES GRAVES A GARANTIAS INDIVIDUALES EN OAXACA DURANTE EL AÑO 2006 – 2007
• LA SCJN SEÑALA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA DURANTE LOS AÑOS 2006 Y 2007
• ES OMISA LA SCJN EN CUANTO AL ANALISIS CLARO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL.

El día de ayer 14 de octubre del año 2009, la SCJN, resolvió la facultad de investigación que ejercito sobre el “Caso Oaxaca” sin duda es necesario decir que resulta histórica la decisión tomada, en cuanto a reconocer de manera explícita LA RESPONSABILIDAD PLENA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA EN LA COMISION DE VIOLACIONES GRAVES A GARANTIAS INDIVIDUALES.

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El día de hoy han iniciado las discusiones sobre el dictamen presentado por el Ministro Mariano Azuela. Mañana continúan y se espera que el jueves la SCJN tenga una postura final. Tres son las posturas que se han perfilado hasta el momento y 5 los ministros que se han manifestado.  Vea nota completa aquí

Resumen de posturas: «Divide a Corte violaciones en caso Oaxaca» (El Universal)

La primera, originada por el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien propuso declarar la existencia de violaciones graves generalizadas de garantías individuales, pero pidió sólo responsabilizar de las mismas a mandos de las policías federales y estatales que tuvieron a su cargo los operativos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

La segunda, aunque con matices y diferencias, impulsada por los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, en el sentido de responsabilizar al gobierno del ex presidente Vicente Fox de las violaciones de las garantías que sufrió la población, por no haber intervenido a tiempo con las fuerzas federales, y al gobernador Ulises Ruiz por agudizar el conflicto con un operativo fallido.

Y la tercera, impulsada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como un grupo subversivo, que pese a ello eran seres humanos y tenían derechos.