Organizaciones y personas solidarias de Alemania, Canadá, México, España, Estados Unidos, Argentina, Suiza, Uruguay y Nueva Zelanda han manifestado su apoyo a Juan Manuel Martínez Moreno, injustamente acusado de la muerte de Brad Will, así como la exigencia por su libertad ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).
*APOYO INTERNACIONAL Y NACIONAL RECIBIDO:
La Justicia Federal reconoce la inocencia de Juan Manuel Martínez Moreno en el asesinato de Bradley Roland Will al otorgarle el Amparo de la Justicia Federal declarando ilegal el auto de formal prisión que lo mantiene preso.Han transcurrido 20 días desde la celebración de la audiencia constitucional y a la fecha no hay ninguna notificación acerca de la resolución del juicio de amparo 941/2009, que resuelve de fondo el asunto, esto es, valoran las pruebas del expediente de Juan Manuel Martínez Moreno.
It has been 20 days since the celebration of the constitutional audience and still today there hasn’t been any notification about the resolution of the judge of injunction 941/200.
We hope that this year the case of injunction is resolved. If the injunction is fairly granted, it means that Juan Manuel will be free on an immediate way. Even tough there’s the possibility that the Judge makes an exception if the Public Minister interposes a new resource of revision.
Desde fines del mes de octubre, expresos y expresas detenid@s el 25 de noviembre de 2006, están ratificando sus denuncias por tortura, trtos crueles, abusos sexuales, privación ilegal de la libertad, ejercicio indebido de funciones y demás que resulten ante la Procurduría General de la República (PGR). A la fecha 18 personas de 30 han acudido ante esta autoridad y el resto lo harán durante el mes.
Cabe mencionar que los y las denunciantes han ampliado su declaración, responsabilizando a Ulises Ruiz Ortíz, tomando en cuenta el dictamen de la SCJN, que lo considera responsable de los hechos ocurridos, por acción y por omisión, como responsable de la seguridad pública del Estado. Si bien, no es el único responsable, la SCJN lo ha señalado por su nombre y apellido.
