9 Oct 2009 | BoletinesCampañasSCJN

¿A quién defiende la Suprema Corte?

El sospechoso silencio de la Suprema Corte

El actuar de la SCJN es preocupante en el Caso Oaxaca, hoy con el dictamen emitido por el Ministro Mariano Azuela Guitrón, la SCJN ratifica la continuidad de la impunidad en caso de violaciones graves a derechos humanos y garantías individuales. Conforme a la Constitución Federal, la SCJN, tiene la facultad de investigar violaciones graves a garantías individuales, el cual carece de un procedimiento claro. Resultado de esta facultad han sido
los casos Lydia Cacho y San Salvador Atenco, en donde otorgan impunidad a los responsables de esos hechos.

La SCJN puede todavía tomar una decisión que cambie la tendencia sesgada que muestra el proyecto de dictamen para el Caso Oaxaca: Sobre la investigación realizada por los Magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, la misma de acuerdo a la Regla Número 24 que dice “El dictamen deberá: pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el
caso, así como los demás elementos que el Ministro o Ministros dictaminadores consideren necesarios” Regla que se omitió al momento de elaborar el dictamen; sobre todo en pronunciarse acerca de la suficiencia de la investigación.

Las organizaciones firmantes consideramos que:

1. La investigación no es suficiente. El proyecto sólo contiene las manifestaciones de las autoridades, y el contenido de algunos expedientes pero sin duda omite hechos sucedidos de mayo al 13 de junio del 2006, 15 de junio al 28 de octubre del año 2006, 3 de noviembre al 19 de noviembre del 2006, 26 de noviembre del 2006 al 31 de enero del 2007.

2. Desconoce los hechos reales sucedidos durante el periodo a investigación desde las víctimas de las violaciones a las garantías individuales y derechos humanos. Únicamente señala como ocurrieron los hechos desde lo formal, es decir, desde lo existente en los expedientes e informes que les fueron enviados por las autoridades, ignorando los hechos ocurridos y la versión de las víctimas de la represión, así como de los diversos informes de violaciones a derechos humanos.

3. La SCJN se limitó a solicitar informes de las diversas autoridades involucradas, afirma que no hay pruebas suficientes respecto de los asesinatos, no tomando en consideración los testimonios aportados por los denunciantes y organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

4. Sorprende la anulación de los actores en el dictamen, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y el desconocimiento de la situación jurídica real de las personas que fueron detenidas durante este conflicto, que contrario a lo manifestado en el proyecto fueron 500 personas aproximadamente y no 263 como lo expresa el proyecto.

5. Especial mención merece el capítulo de Garantías afectadas, pues desde el título de ese capítulo no se usa el lenguaje correcto; se trata de Garantías Violadas no afectadas. De aquí se desprende que fueron los particulares quienes violaron las garantías individuales, como el de acceso a la Justicia, entre otros, por haber impedido que los recintos de justicia laboraran normalmente en sus sedes habituales y en las alternas que tuvieron durante ese
periodo, sin que se revisara la actuación de los órganos de justicia en su procuración e impartición a la que están obligados.

6. Indignante resulta la argumentación en relación a la violación del derecho a la vida; al afirmarse que “no se supero el ambiente de violencia que se vivía en Oaxaca, que derivo en las defunciones” y que la Procuraduría de Justicia en el Estado no ha aludido a la figura legal de la legítima defensa dentro de sus averiguaciones. Reiteramos, existen videos y múltiples testimonios acerca de la privación de la vida de José Jiménez Colmenares, de
Lorenzo Sampablo Cervantes, de Bradley Roland Will, Alejandro García, entre otros por parte de Agentes del Estado, en distintos operativos realizados por los cuerpos de seguridad pública del Estado y donde tampoco se puede descartar la participación de cuerpos armados irregulares.

7. En relación a la garantía de integridad personal, y a pesar de estar probada la existencia de Tortura el ministro no lo toma en cuenta y solo manifiesta que los hechos “califican” como tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas policíacas. Con ello, minimizan la gravedad de las violaciones y solapan el actuar de los cuerpos policíacos y de los funcionarios de Seguridad Pública estatal y federal. Más aún, el dictamen altera el contenido del Informe de la CNDH y la Recomendación 15/2007, al argumentar que a algunas personas se les aplicó un “examen elaborado por la Universidad de Harvard cuya finalidad es medir el nivel del trauma”; cuando les fue aplicado según estas fuentes el Manual para determinar Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes (Protocolo de Estambul).

8. Deja de lado el análisis sistemático del actuar de los órganos de seguridad pública, pues sólo se limita a analizar en esta garantía hechos de un solo día de conflicto (25 de  noviembre del 2006) Ignorando todos los hechos que le fueron relatados por la Sección XXII, miembros de la APPO y víctimas de la represión.

9. Carece de un señalamiento sobre las irregularidades en el traslado de las personas detenidas el 25 de noviembre a penales federales bajo el argumento de alta peligrosidad sin una sola prueba al respecto. Tampoco llama la atención de las autoridades cuando responden que no existe información acerca de los mandos responsables ni de los costos generados por los operativos.

10. De igual manera, carece de un análisis con relación a la situación de los Menores de edad que fueron llevados a los penales Federales de Máxima Seguridad, y del acceso a la adecuada defensa en el caso de los presos que solo hablaban su lengua materna.

11. Por último, grave resulta la propuesta del ministro Mariano Azuela Guitrón, en relación a consolidar reglas claras para el uso de la fuerza pública en contra de la “insurrección social”, transgrediendo las normas establecidas y criminalizando la protesta social.

Por todo lo anterior, señalamos:

El Dictamen de Investigación sobre el caso Oaxaca no es un documento de análisis  resultado de una investigación seria, realizada con profesionalismo. Resulta ser un justificante del uso de la fuerza pública y del actuar de los gobernantes en turno, a los que prácticamente exonera de responsabilidades políticas, penales, civiles y administrativas; al validar las actuaciones delictivas por parte de los funcionarios públicos federales y estatales a pesar de tener documentos en donde se involucran el poder ejecutivo y legislativo del Estado de Oaxaca, y la orden el ejecutivo Federal, respecto a operativos de seguridad pública que ordenaron y tuvieron decisión de mando, resulta una lamentable actuación de un Ministro de la SCJN.

Consideramos que con este proyecto se da paso a la consolidación de la impunidad en Oaxaca. El Máximo órgano de Justicia en México está cerrando toda posibilidad de impartir justicia si consuma lo que se afirma en el proyecto, que los particulares pueden violar derechos humanos. La SCJN responde con impunidad a las graves violaciones a los derechos fundamentales, cometidos por agentes del Estado.

Exigimos que el Pleno de Ministros de la Corte analice todas las pruebas existentes y los hechos reales ocurridos durante la etapa de investigación que la SCJN ordenó. Y en base a ello, emita una resolución que garantice la Justicia y el derecho a la Verdad para el Pueblo de Oaxaca.

Oaxaca, 9 de octubre de 2009

Atentamente
Sección 22 del SNTE, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPO), Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO), Servicios para una Educación Alternativa A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C., Códice A.C., Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer A.C. (IDEMO), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Centro de
Apoyo al Movimiento Popular de Oaxaca A.C. (CAMPO), Defensores Oaxaqueños por los Derechos Humanos “Isabel” A.C., Grupo Mesófilo A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C.


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